VOTO DE DIGNIDAD

VOTO DE DIGNIDAD

Por: Jorge I. Rodríguez Feliciano, J.D. M.B.A.

(El autor es Presidente de Puertorriqueños Pro Unión Permanente Inc. e-mail: soyestadista@usa.com)

El pueblo de Puerto Rico asumió su responsabilidad ciudadana votando y derrotando el estatus territorial en el plebiscito. La victoria de la Estadidad dejó claro que los electores prefieren la unión permanente con los Estados Unidos sobre la opción de la independencia que llegó en segundo lugar, el pueblo dejó en último lugar al estatus territorial. Por segunda vez en una década, la Estadidad gana un plebiscito de estatus. Se cumplió la ratificación del voto del plebiscito del 2012 con un nuevo rechazo al estatus territorial y un reclamo a favor de la admisión de Puerto Rico como estado 51 de los Estados Unidos. La primera victoria de la Estadidad fue por 304,528 votos de ventaja con 834,191 votos, un 78.19% de participación de los electores inscritos en el 2012. La segunda victoria electoral de la Estadidad para Puerto Rico ha sido por 488,016 votos de ventaja con un 33% de participación de los electores activos en la elección del 2016. Puerto Rico está diciendo que no quiere continuar con el estatus territorial que lo mantiene segregado. Puerto Rico quiere la Estadidad.

La ley para la Descolonización inmediata de Puerto Rico permite el uso de recursos del gobierno para hacer todas las gestiones necesarias para que se haga realidad la petición del pueblo mediante el voto plebiscitario. La estadidad salió favorecida por los votos del pueblo y se activó la disposición del Articulo XIII sección 4 de la ley que permite al gobierno usar sus fondos públicos para hacer realidad la voluntad del pueblo en cuanto a la opción de estatus ganadora. Esto cambia el juego político ya que los votos del pueblo autorizaron y convirtieron en política pública del estado asignar fondos a favor del logro de la Estadidad cumpliendo con la ley y la Constitución de Puerto Rico. De ahora en adelante luchar por la estadidad desde el gobierno es política pública y un acto legal. Así se establece en el Artículo XIII sección 4 de la ley: "La expresión democrática de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, a través del voto, constituye una de las máximas prioridades de política pública de nuestra Constitución y nuestro Gobierno. Además, las consecuencias de la centenaria condición territorial y colonial, han colocado a nuestra sociedad y a nuestro gobierno en un estado de emergencia que requiere la más urgente solución. Quedan obligadas y autorizadas las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno de Puerto Rico para realizar todas las gestiones que considere necesarias e, igualmente, asignar y utilizar todos los recursos que sean necesarios, para hacer valer y dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley y a la más inmediata descolonización de Puerto Rico; incluyendo la realización de las consultas electorales aquí dispuestas y la más pronta implantación de sus resultados. Lo anterior, incluye gestiones y recursos dentro y fuera de la jurísdicción de Puerto Rico. Los recursos que se utilicen para el cumplimiento de esta obligación y esta autorización quedan totalmente excluidos de los alcances de la Ley Pública 114-187, 2016" ''Puerto Rico Oversight Management, and Economic Stability Act'' (PROMESA), según se dispone en su "Section 402. Right of Puerto Rico to determine its future Political Status- "Nothing in this Act shall be interpreted to restrict Puerto Rico's right to determine its future political status, including by conducting the plebiscite as authorized by Public Law 113-76, 2014."

 La oposición mayor al mandato electoral de los votos del pueblo durante el pasado plebiscito ya no está en ningún partido político, está en la prensa separatista que monta reportajes en los medios de comunicación procurando cancelar los votos de la democracia puertorriqueña y tratando de quitarle legitimación a la votación. De la misma forma que trataron de justificar el vandalismo de los encapuchados en la huelga aprobada por la minoría de los estudiantes socialistas de la universidad de Puerto Rico, ahora los separatistas procuran manipular al pueblo para anular y derrotar sus votos con mentiras y propaganda engañosa. En esta lucha los medios de comunicación siguen perdiendo credibilidad y se exponen a que el pueblo cada vez crea menos en una prensa que entregó el principio de la imparcialidad para ser parte de la agenda separatista. La pérdida de puestos de trabajo y clientes de publicidad de los medios de comunicación al servicio del separatismo es en parte culpa de la agenda política de sus reporteros y editores. La consigna de los separatistas en la prensa para cancelar los votos del triunfo de la Estadidad en el plebiscito ha sido que los que no votaron ganaron y los que votaron perdieron. Esa es la propaganda que esparcen como veneno en la conciencia de los puertorriqueños. La realidad es que en la democracia el que vota es el que cuenta y decide. El ciudadano que no vota cede su espacio para que otro decida por él. Sin embargo, a los separatistas de los medios de comunicación no le interesa respetar el valor de los votos del pueblo pues están luchando como guerrilleros de la revolución socialista conjuntamente con los que quieren separarnos de los Estados Unidos sin tener los votos y el apoyo del pueblo. La campaña de ataques al plebiscito es peligrosa para nuestra democracia pues tratar mediante reportajes amañados de anular los votos del pueblo por la Estadidad es igual de malo que el daño que le hace el estatus de segregación política a los ciudadanos Americanos de Puerto Rico que con votos ha reiterado sin miedo ni complejos su reclamo del derecho a hacer de Puerto Rico el Estado 51. 

Luego de haber sido derrotados por los votos del pueblo, los separatistas de los medios de comunicación a coro con sus camaradas políticos salen a tratar de amedrentrar al gobierno para que no cumpla con la Ley para la Descolonización de Puerto Rico.  La campaña separatista pretende que no se asignen fondos públicos para hacer cumplir el mandato del pueblo de convertir a Puerto Rico en el Estado 51. El gobierno estatal tiene la obligación de suspender los fondos a las entidades que fomentan todo lo contrario al mandato de los votos del pueblo a favor de convertir a Puerto Rico en un Estado de la Unión Federal y asignar los recursos necesarios para que mediante cabildeo en Washington D.C, pautas en medios de prensa nacional, reuniones, seminario, protestas y todo medio posible hacer que se cumpla con el voto de dignidad dado por el pueblo en el plebiscito. El pueblo habló, corresponde al gobierno obedecer.