LLEGAR A LA META

Por: Jorge Iván Rodríguez Feliciano, M.B.A, J.D.

La filosofía y marco de valores sobre los que se fundan los Estados Unidos de América están definidos en la declaración de independencia que da origen al nacimiento de la Constitución. El respeto a los valores enmarcados en el Corpus Jures del país que somos, no puede estar condicionado a la conveniencia de grupos de intereses para hacerlos valer a un ciudadano americano que los reclama. La declaración de principios que da origen a nuestro país afirma: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando una forma de gobierno se hace destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla.”. Bajo este criterio es que se tiene que evaluar el caso de la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos de América.

Algunos pretenden usar la condición económica y cultural de Puerto Rico como excusa para que nuestro pueblo continúe sin ser incorporado como un estado de la unión. Entienden éstos, que las protecciones de la Constitución Federal se otorgan de acuerdo de como esté económicamente quien reclame esos derechos. Pretenden que bajo la condición de segregación política e inferioridad económica del estatus territorial de Puerto Rico se alcancen unos niveles superiores de desarrollo para luego ser incorporados como estado. Esta condición inconstitucional que algunos se han autoimpuesto es una trampa para impedir al pueblo llegar a la meta. El estatus territorial garantiza la continuidad de la mediocridad y los bajos niveles de desarrollo para Puerto Rico, bajo ese estatus es imposible lograr niveles superiores. La ausencia de representación con voz y voto en el Congreso junto a la negación del derecho al voto por el presidente de nuestro país son razón suficiente para que Puerto Rico luche ser incorporado como un estado. No es aceptable que para tener igualdad de derechos se establezcan condiciones que contradicen los principios bajo los cuales se fundan los Estados Unidos.

El estatus territorial con el consentimiento de los gobernados cesó en Puerto Rico desde que esa modalidad de segregación política obtuvo 48.3% de los votos emitidos en el plebiscito de 1993. La mayoría del pueblo no quiere continuar bajo la inferioridad del estatus territorial y lo ha reiterado en los plebiscitos de 1993,1998, 2012 y 2017.  La incorporación de Puerto Rico como el estado 51 ha sido autorizada por los votos del pueblo en los plebiscitos del 2012 y 2017. Los votos para la admisión hay que pelearlos en el Congreso. Es obligatorio que el gobierno de Puerto Rico cumpla con el Artículo XIII de la Ley para la Descolonización que establece: “Quedan Obligadas y autorizadas las Ramas Ejecutiva y Legislativa de Puerto Rico para realizar las gestiones que considere necesarias e, igualmente, asignar y utilizar todos los recursos que sean necesarios, para hacer valer y dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley y a la más inmediata descolonización de Puerto Rico… incluyendo la más pronta implantación de los resultados.” La sección 402 de la Ley PROMESA prohíbe restringir el derecho de los ciudadanos Americanos de Puerto Rico a determinar un estatus político final.

Tenemos que hacer justicia a los que se han marchado de Puerto Rico y a los que nos hemos quedado luchando. Resolvamos el estatus y luego podremos levantarnos sobre los escombros de 120 años segregacionismo e inferioridad política que traicionan los principios sobre los cuales se fundan los Estados Unidos de América.